Publicado no jornal El Pais, 28/09/2008
ÁNGELES ESPINOSA
Suníes y no musulmanes se enfrentan a un clima amenazante en Irán. Así lo afirma el último informe anual sobre libertad religiosa internacional que acaba de publicar el Departamento de Estado norteamericano. Aunque cristianos, judíos y otras minorías pueden celebrar su culto, educar a sus hijos en su religión y disponer de centros culturales o recreativos propios, la comunidad bahai o los cristianos evangélicos sufren el acoso de las autoridades.
Además, los miembros de las minorías religiosas son de facto ciudadanos de segunda. Para la República Islámica, Los bahais no constituyen una comunidad religiosa sino una organización política, a la que a menudo vinculan con el régimen del sha y acusan de espionaje, a pesar de sus orígenes locales y de que también en tiempo del sha estuvieron discriminados. Sus entre 300.000 y 350.000 fieles, la mayor minoría no musulmana, tienen dificultades para obtener documentos de identidad (hay que hacer constar la religión), lo que les impide encontrar trabajo y casarse, extremo que da pie a condenas por adulterio en un país que prohíbe cualquier relación sexual fuera del matrimonio.
Otro grupo en el punto de mira de las autoridades es la comunidad protestante. Si bien representa apenas un 5% de los 200.000 cristianos, su vocación evangelizadora sirve para justificar su persecución. Ese empeño es el responsable de un goteo de conversiones desde mediados del siglo XX que, a partir de la revolución islámica de 1979, se ha castigado con pena de muerte, la condena que el islam establece para la apostasía. Durante los años noventa, varios de sus pastores murieron asesinados.
Las comunidades cristianas autóctonas (armenios y asirios) no realizan proselitismo. Además estos grupos, al igual que los judíos o los zoroastrianos, rara vez exponen los agravios de que son víctimas para evitar represalias. Sin embargo, resulta significativo que desde la revolución islámica la comunidad judía se haya reducido 80.000 a 20.000 personas.
Las autoridades iraníes niegan que exista discriminación y refieren a la representación que estas minorías tienen en el Parlamento (cristianos, judíos y zoroastrianos tienen reservados cinco escaños, a pesar de apenas sumar un 2% de la población entre todos ellos) y su protección en la Constitución. Lo que no dicen es que ningún miembro de una minoría, ni siquiera un suní, puede ser elegido presidente. Los no musulmanes también están excluidos de la judicatura, la seguridad o la dirección de centros escolares. Incluso los directores de las escuelas judías o cristianas son musulmanes chiíes. El examen de teología islámica necesario para entrar en la universidad y en el funcionariado limita el acceso de las minorías. Sólo pueden servir en los escalones más bajos de la administración.
Durante un viaje a Kermanshah, al oeste de Irán, un grupo de universitarios expresaba su malestar porque "las materias obligatorias incluyen la historia sagrada de los chiíes, tan ajena a nosotros".
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